Un nuevo Consejo de Estado. ¿Asumirá el liderazgo que le compete?

Desde hace semanas tenemos un nuevo Consejo de Estado y, a la vez, una nueva concepción acerca de éste. Ya no resulta el órgano supremo que representa al Estado, junto a su presidente, durante la cotidianeidad. Ahora, aunque conserva añejas funciones, desaparecen algunas y se incorporan otras. Todo esto lo asienta como entidad del Parlamento, a modo de representación y gestión permanente de las funciones parlamentarias y de sus comisiones y del quehacer de los diputados y de la incorporada facultad para solucionar las controversias entre las entidades e instancias del poder del Estado. Posee mucha potestad, al menos según lo bocetado e instituido formalmente. Sobre esto ya he opinado y no deseo repetirme. No obstante, esta incursión en el tema exige circundar algunas de mis discrepancias que, a partir de lo posteriormente interpretado oficialmente sobre dichos aspectos, pudieran ser discordancias relativas y no, forzosamente, absolutas.

Mis desavenencias al respecto han estado dadas por los riesgos de un Consejo de Estado que asume facultades correspondientes al pleno de la Asamblea Nacional, que en algunos casos no deberían ser jamás delegables a un órgano de la misma, por importante que este sea. Me refiero a facultades que aseguran el carácter de poder supremo de la Asamblea Nacional y, a la vez, garantizan el respaldo soberano y estatal hacia aquello acordado, aprobado, elegido o designado por el Parlamento.

Esperemos encontrar también en el Consejo de Estado otro “posible liderazgo dinamizador”.

En nuestro caso, me refiero, por ejemplo, a que el Consejo de Estado podrá:

1. Crear o extinguir Organismos de la Administración del Estado (A-122-q).

2. Modificar el presupuesto del Estado (A-122-s).

3. Suspender o elegir al Primer Ministro, al Presidente del Tribunal Supremo, al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Presidente del Consejo Electoral Nacional, a los miembros del Consejo de Ministros, y a los gobernadores provinciales (A-122-k).

4. Adoptar decretos-leyes que pudieran llegar a subrogar la responsabilidad legislativa de la Asamblea Nacional (A-122-c).

No obstante, como señalé, la interpretación oficial asegura que este no es el espíritu de lo refrendado. Sin embargo, ello aún no evita la factibilidad de que se tuerza el espíritu a falta de letra clara. Dicha interpretación asegura que, en estos casos, el texto concede esas facultades sólo ante circunstancias que lo exijan. Quizá el precepto debió hacer cierta alusión a estas razones casuísticas, si bien no entrara en materias apropiadas para normas reglamentarias en torno al asunto. En este caso, nos queda solicitar que la norma jurídica reglamentaria para el desempeño del Consejo de Estado, que deberá elaborarse y debatirse y aprobarse, proscriba ese potencial riesgo. 

Este nuevo Consejo de Estado, con esta renovada dinámica, habrá de iniciar su labor. Además, lo hará en medio de una difícil situación económica y en las relaciones con Estados Unidos. Igualmente, será en un contexto donde el Consejo de Ministros parece avanzar hacia el liderazgo que le corresponde a su naturaleza institucional. Asimismo, lo hace en un instante en que muchos demandan una mayor vitalidad del Parlamento y poseen expectativas acerca de esta nueva concepción de este Consejo. Para ello, deberá enfrentar obstáculos, pero ninguno grave de superar si existe la voluntad política. En este quehacer tendrá que institucionalizar una práctica inexplorada, ciertas instituciones deberán comprender e incorporar el liderazgo de este órgano, y tendría que ponerse a prueba el talante de sus miembros.

Lamentablemente, no podemos tener las certezas necesarias en cuanto a esto último. A partir de lo que resulta posible conocer sobre los miembros de tal Consejo, podemos considerar que la generalidad son personas con sólidas carreras laborales y profesionales, han desempeñado con efectividad y eficacia sus responsabilidades, son respetadas en sus ámbitos, deben ser honestas y saber qué cargo han ocupado, por qué y para qué. Pero sobre la generalidad no conocemos su dominio de la realidad cubana, ni su acercamiento al escenario internacional, ni su capacidad política, ni su sensibilidad para ocupar tamaño cargo en sintonía con las alegría y realizaciones y con las frustraciones y anhelos de todos y de cada uno de los ciudadanos. Tampoco esto constituye una limitación insalvable, ya sea porque disfruten de estas virtudes y no lo sepamos, o porque no hayan tenido la oportunidad de cultivarlas de manera suficiente. Sin embargo, resulta una disonancia que la ley electoral impida, en demasiada medida, la necesaria sinergia entre el ciudadano y la decisión acerca de quiénes serán sus autoridades.

En los últimos meses hemos podido conocer, a través de los medios de comunicación, del trabajo del Consejo de Ministros en general y de ministros en particular, así como de sus cercanías a las problemáticas del país y de sus dificultades al quedar “contra las cuerdas” ante una multiplicidad de realidades adversas (incluso, en algunos casos, tal vez autoimpuestas). Del mismo modo, deberíamos comenzar a conocer de la gestión del Consejo de Estado y de sus miembros. Ciertamente, este Consejo resulta un ente híper colectivo, pero ello no significa que sea una entidad abstracta, ni que deba diluir u ocultar la responsabilidad pública de cada uno de sus miembros.

Tendrá que institucionalizar una práctica inexplorada, ciertas instituciones deberán comprender e incorporar el liderazgo de este órgano, y tendría que ponerse a prueba el talante de sus miembros.

Resulta imprescindible una estrategia para que la ciudadanía los conozca intensamente, pues no basta poseer buenos deseos y trabajar y hasta lograr resultados, sin una interrelación con la sociedad civil. Casi innumerables pudieran ser las maneras y los medios que aseguren el conocimiento público del trabajo del Consejo de Estado y sus miembros. Por ejemplo. Los Consejeros podrían ir apareciendo en la Mesa Redonda para darse a conocer, discutir asuntos que conozcan, compartir acerca del cumplimiento de sus responsabilidades y responder preguntas de la población. Asimismo, en cuanto a la institucionalización de este nuevo órgano, mucho podría avanzarse. A modo de ejemplo. Cada Comisión de la Asamblea pudiera incluir, como miembro o invitado permanente, a algún miembro del Consejo, lo cual le permitiría a éste especializarse; y de esta forma, además, se vincularían las Comisiones del Parlamento con el Consejo de Estado, lográndose una mayor cualidad institucional.

En esta nueva etapa, el país necesita la proliferación de resortes vitales. En este sentido, se advierte una “tenue potencialidad dinamizadora” en el Consejo de Ministros. En tanto, esperemos encontrar también en el Consejo de Estado otro “posible liderazgo dinamizador”. De la misma manera, hemos de solicitar y esperar muchos otros bríos, tanto por parte de instituciones del Estado como en la sociedad civil. 

Trabajo de Roberto Veiga González publicado originalmente en el Boletín INSIDER, en La Habana, correspondiente al día 28 de octubre de 2019.

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