Es la hora de una sociedad civil autónoma, no tutelada

En el último periodo se han recrudecido las dificultades socioeconómicas en Cuba. Por ello también se ha perjudicado aún más la contextura política.

Esto responde a la prolongada combinación de un modelo económico ineficaz; una impertinente dependencia económica de Venezuela y las consecuencias de la crisis en ese país; los actuales aplastamientos que provienen de la Casa Blanca; y una carencia de voluntad para promover la acción ciudadana por medio de una sociedad civil empoderada.   

Instituciones del Estado hacen todo lo posible por sostener la estabilidad y revertir adversidades sensibles. Sin embargo, desde hace décadas esto constituye una espiral descendiente que parece irreversible. Además, coloca a la sociedad en una difícil condición e impone una excesiva desesperanza.

Muchos cubanos han procurado superar esos obstáculos, aspirando a la necesaria evolución del actual modelo sociopolítico. No obstante, todos éstos (aunque de diferentes formas y medidas) siempre han topado con el absurdo (pero sólido e infranqueable) muro de la rigidez, de la criminalización y del mazazo fiero.

Son considerables las distintas formas y dimensiones del apoyo al sistema social instaurado. Sin embargo, también resultan cuantiosos los cubanos que no desean tal evolución, sino la eliminación de ese modelo; así como otros tantos que apetecerían este desarrollo, pero ya no lo esperan.

Todo esto ha conducido a un estadio ya inquietante que demanda revertir, con prisa y sólidez, la ruta de la espiral, en busca de un camino ascendente.

No es posible sustentar que habrá un modo fácil de lograrlo. Pero sí resulta factible asegurar que sólo se conseguirá por medio de la gestión de toda la sociedad.

Al respecto, urge comprender que el gobierno es la autoridad, pero no debe ser el único sujeto que ocupe el centro del acontecer social. Dicha centralidad debe ser ocupada además, de manera compartida, por toda la sociedad civil; la cual debe desarrollarse de modo auténtico y autónomo, regida por leyes e instituciones, pero no tutelada.

Sólo entonces será firme y equitativa la participación sociopolítica entre todos los ciudadanos, así como entre la sociedad civil y los poderes del Estado; y todos podremos, ciertamente, enriquecer la gestión a favor del bienestar general.  

Para ello, resulta forzoso impulsar la mayoría de las oportunidades que podría ofrecer la Carta Magna de 2019. Culmino suscribiendo tres de estos desafíos apremiantes: el desarrollo de una economía mixta e internacionalizada y con saludable liquidez, el acceso libre y equitativo a los medios de prensa, y la libertad de asociación.

Conseguirlo no es sólo cuestión del Estado, sino sobre todo de la ciudadanía.

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