¿Hacia un Estado-Nación transnacional?

La relación entre Cuba y su emigración es uno de los aspectos medulares para la estabilidad de la sociedad. Mucho han evolucionado los vínculos familiares y sociales, pero menos la condición de ciudadano de los emigrados.    

El 16 de enero de 2018 el Laboratorio de Ideas Cuba Posible hizo público un informe al respecto gestionado por Lennier López, Luis Carlos Battista y Janny Carrasco. Estos afirmaban que “más de la décima parte de la nación cubana vive fuera del territorio nacional. Las remesas hacia la Isla se han convertido en uno de los mercados más importantes para Cuba llegando, incluso, a superar en ingresos a la industria del turismo en el año 2015. Esto significa, por un lado, que la relevancia de la diáspora para la vida del país se hace cada vez mayor; y, por otro lado, implica que pensar a la nación y al Estado cubano requiere de una visión renovada.”

En la búsqueda de los pilares políticos y legales para hacerlo posible sugieren que la relación del “Estado” y la “Nación cubana” sea comprendida en los términos de un Estado-Nación transnacional capaz de eliminar las categorías de “cubano residente en el extranjero” y “cubano residente en el territorio nacional”. Para ello, proponen establecer convenios comerciales que faciliten y abaraten los costos de comunicación entre Cuba y los principales países receptores de cubanos; incorporar a la Isla en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado para trabajar en la unificación progresiva de las reglas que facilitan los procedimientos judiciales y administrativos de carácter internacional entre privados; estimular el regreso e inmigración de profesionales altamente calificados a través del apoyo financiero y logístico de proyectos investigativos públicos o particulares que puedan ser atractivos para este segmento social, así como la relación entre los “emigrados” y las instituciones educativas, culturales y deportivas; reconocer los diversos grupos civiles de la diáspora como grupos nacionales y legítimos interlocutores de la sociedad; establecer el derecho al voto de los “emigrados” y la capacidad de postularse como candidatos a cargos públicos, así como la representación parlamentaria de estos; permitir la participación de los “emigrados” en el quehacer económico del país; y aprobar una ley de “Memoria Histórica” donde las diferentes visiones de la historia de la nación, incluidas las de diversos grupos de la diáspora, cuenten con el apoyo institucional del Estado para rememorar el pasado de forma diversa e inclusiva.

Para eso, entre otras demandas abogan también para que el gobierno tenga la obligación primigenia de respetar, cumplir, hacer cumplir y promover el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El mismo establece que: a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. b) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a su país.

Con posterioridad la nueva Constitución de 2019 estableció, en su artículo 52, que “las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”. Sin embargo, aún no se han producido cambios en el ordenamiento legal vigente en materia migratoria y se ha postergada, por fuerza mayor, la conferencia a realizar en La Habana con emigrados cubanos que suponía un momento para comprender las perspectivas inmediatas de los vínculos entre Cuba y su diáspora.

A partir de este contexto el jurista Michel Fernández opina en un artículo publicado en la revista Oncuba el 9 de marzo de este año que la reforma migratoria de 2013 fue un paso de avance. Sobre ella enumera la eliminación del permiso de salida, de la carta de invitación y de la confiscación de bienes por salida del país. Igualmente señala la posibilidad de estar fuera de Cuba por dos años sin perder la residencia permanente, el permiso para que los menores de edad puedan viajar temporalmente al extranjero y la repatriación de los cubanos emigrados.

Del mismo modo, afirma que estos contenidos son insuficientes y sugiere atender la elaboración de las leyes de ciudadanía, extranjería y emigración. Indica que esta materia jurídica sería aprobada por el parlamento en abril del 2022, de acuerdo al cronograma legislativo.

No obstante, el epicentro de esta problemática se encuentra en la necesidad de un hálito y un orden de distención entre cubanos con ideas y posiciones diferentes que simpatizan o no con el poder oficial, ya sean emigrados o residentes en la Isla. Ello, a la vez, es un reto disonante para determinados fundamentos de la ideología vigente. Pero esto no es cuestión de cierta ley ni de una eventual reunión oficial con emigrados, por importantes que sí serán ambos sucesos.  

Trabajo de Roberto Veiga González publicado originalmente en Diario de Cuba

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