El Coronavirus y los órganos locales del Poder Popular en Cuba

Por Michel Fernández Pérez

La llegada del Covid-19 coincidió con el proceso de implementación de la nueva Constitución cubana. Los procesos de tránsito constitucional son intrínsicamente complicados y contradictorios, ya que por periodos de tiempo prolongados coexiste un sistema normativo que respondía a la lógica de la Constitución anterior con una nueva Carta Magna que en muchas ocasiones contradice lo legislado.

La solución a esta problemática puede ser de dos formas principalmente y, además, una no excluye a la otra. La primera es que en el propio nuevo texto constitucional disponga cómo se actuará cuando ocurran contradicciones, que siempre debe ser respetando la supremacía de la actual Constitución. La segunda forma es que los órganos encargados de controlar la constitucionalidad decidan en casos concretos cómo se debe actuar, siguiendo la misma lógica de la supremacía constitucional. La mayoría de estos pronunciamientos se hacen en las disposiciones transitorias de la nueva Constitución.

La Constitución cubana tiene 13 disposiciones transitorias. Las primeras seis están dedicadas a los procesos de elección o nombramiento de las nuevas autoridades, las tres siguientes a los reglamentos de los órganos colegiados de ejercicio del poder estatal y de gobierno, la decima a las propuestas de modificación de las leyes relacionadas con la impartición de justicia, la oncena relativa a la consulta popular y referendo del nuevo código de familia, la duodécima a la ley que regule la defensa de los derechos en vía judicial y la ultima dispone la aprobación de un cronograma legislativo[1].

Respecto a los órganos locales del Poder Popular, ya se aprobó la Ley No.132/2019 que regula la organización y funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular y de los Consejos Populares. Pero, según el cronograma legislativo, en julio de este año deben aprobarse dos leyes: una sobre los gobiernos provinciales y otra sobre los consejos de administración municipales y antes del 2028 debe aprobarse una Ley de Municipios.

Respecto a la regulación de las situaciones de emergencia, excepcionales o extraordinarias, la Constitución dedica el Capítulo 4, del Título X “Defensa y Seguridad Nacional”. Para ello, dispone tres situaciones excepcionales: Estado de Guerra o la Guerra, la Movilización General y el Estado de Emergencia. Estas tres situaciones excepcionales ya estaban reguladas desde 1994, por la Ley No. 75 “De la Defensa Nacional”. A su vez crea la “Situación de Desastre” (Art.223), para cuando sucedan “desastres, cualquiera que sea su naturaleza, en cuyas circunstancias se afecte la población o la infraestructura social y económica, en magnitud tal que supere la capacidad habitual de respuesta y recuperación del país o del territorio afectado”. Nada más parecido a esta situación que lo que está ocurriendo con el Covid-19 en nuestro país, pero por el momento esta nueva categoría no cuenta con desarrollo legislativo.

El Cronograma legislativo dispuso que en diciembre de este año se debe aprobar la “Ley de Defensa y Seguridad Nacional”, que debe derogar la vigente Ley No.75, por lo menos parcialmente, y entre el 2023 y el 2028 se debe aprobar la “Ley de la Defensa Civil”. En estos momentos los temas de la defensa civil están regulados en la citada Ley No.75 y en el Decreto-Ley No. 170/1997 “Del Sistema de Medidas de Defensa Civil”. Quizás la disonancia entre lo que esta regulado a nivel constitucional y lo que ya está implementado mediante otras disposiciones normativas de menor rango fue una de las razones que llevo a que no se decretara formalmente una “situación de desastre”.

Al respecto ya se han realizado importantes análisis legales sobre las implicaciones de esta decisión[2]. En mi opinión sí se debió hacer una declaración formal (en términos técnicos jurídicos) de la situación de desastre, lo que hubiese aumentado los niveles de seguridad jurídica, legitimado legalmente muchas de las acciones tomadas y ofrecido una clara señal de que el concepto de “Estado socialista de derecho” no es solo una declaración formal del primer artículo constitucional.

Sin dudas la respuesta del Estado cubano al Covid-19 ha sido positiva. Entre las fortalezas se pueden mencionar, por ejemplo, la existencia de un sistema de salud pública el que, a pesar de las limitaciones materiales, ha conseguido materializar efectivamente el derecho humano a la salud y cuenta con los recursos humanos especializados para enfrentar este tipo de situación epidemiológica;  la posiblidad de un sistema de defensa civil que tiene la preparación, las estructuras y el personal de alto nivel técnico y entrenado previamente para este tipo de situaciones; la centralización en la toma de decisiones, lo que en este tipo de situaciones es beneficioso, de hecho es una de las características del ejercicio del poder cuando se declara una situación excepcional en todos los ordenamientos jurídicos; y por último, quizás el más importante, el alto nivel de disciplina del pueblo para cumplir lo que se ha dispuesto, a pesar de las grandísimas dificultades para subsistir.

Un factor importante en el enfrentamiento al coronavirus, lo tienen los delegados de circunscripción, que son sin dudas el elemento más democrático dentro del sistema del Poder Popular en Cuba. Estos, debido a su vinculo directo con sus electores, se han convertido en piezas muy importantes a la hora de implementar las medidas que cada consejo de defensa ha decidido y su papel ha ido más allá de las propias atribuciones que tienen determinadas por ley. Sin embargo, esto no ha sido así, de manera uniformemente, en todo el país. Han existido regiones, principalmente la capital, donde el rol del delgado no ha sido tan activo como en otras provincias.

Si bien la concentración y centralización de facultades, puede verse como una virtud en tiempos de crisis, es imprescindible que el país se mueva hacia mayores niveles de descentralización, principalmente a nivel municipal, en el sentido de dar cumplimiento al mandato constitucional de la autonomía municipal (Art.169 constitucional).  Desde la reforma constitucional de 1992 se le concedió personalidad jurídica al municipio, pero el proceso de transferencia de atribuciones a los municipios fue insignificante, de hecho, nunca se aprobó una ley sobre los municipios.

La Carta Magna de 2019 es mucho más ambiciosa que su predecesora en el sentido de potenciar el papel del municipio como unidad político-administrativa fundamental, con autonomía y recursos propios. Además, faculta al municipio para realizar procesos de democracia directa relacionados con los derechos de petición y de participación ciudadana (Art.200 constitucional).

La democracia está en la base o no está. La única forma de democracia autentica solo puede darse al nivel del municipio. Las otras llamadas formas de democracia son intentos lingüísticos, por utilizar un término, que siempre evoca el poder del pueblo, pero que en la práctica son sistemas representativos de ejercicio del poder por grupos y clases que responden, en primer lugar, a sus propios intereses.

Hay muchas cosas por las que se debe luchar en Cuba. Una de ellas, sin dudas, es darles poder a los municipios.


[1] El cronograma legislativo fue aprobado por la Asamblea Nacional el 21 de diciembre de 2019 mediante el ACUERDO NÚMERO IX-49, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No.2 de 13 de enero de 2020. Ver en https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-2-ordinaria-de-2020

[2] Al respecto se pueden consultar los trabajos: “COVID-19, DERECHOS Y ESTADO DE EMERGENCIA EN CUBA”

por AMALIA PÉREZ y AHMED CORREA en https://eltoque.com/covid-19-derechos-y-estado-de-emergencia-en-cuba/  y   GESTIÓN DE LA PANDEMIA EN CUBA: ENTRE LO LEGAL Y LO FÁCTICO por ELOY VIERA CAÑIVE en https://eltoque.com/gestion-de-la-pandemia-en-cuba-entre-lo-legal-y-lo-factico/

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