De nuevo por ¿un diálogo posible?

Por Roberto Veiga González

Cuando la Isla controle el Covid-19 no estará en condiciones de “administrar la pobreza”; esfuerzo que ha permitido alguna estabilidad distributiva, si bien básica y gradualmente menos equitativa.

Por eso, después de una extensa insistencia en contra de cualquier reforma, el despacho de prensa de “Granma”, del 1 de junio, que da cuenta de una reunión del Consejo de Ministros, informa que el primer mandatario advierte la necesidad de transformar el sistema productivo en busca de eficiencia y productividad, utilidad e ingresos, con el objetivo de lograr desarrollo, exportar y satisfacer las demandas internas de bienestar. Para ello, indica el jefe de Estado, habrá que cuestionarlo y revisarlo todo, con el propósito de modernizar las instituciones y los procesos. 

Esto sucedería después de desperdiciar todas las oportunidades de hacer tales cambios con las indispensables condiciones de estabilidad. Pero el reto, en este instante, exige que ningún cubano abandone esa responsabilidad. No obstante, asistimos a una sociedad desesperanzada y desmotivada. Además, muchos de los ciudadanos más activos suelen estar polarizados alrededor de posiciones ya demasiado emocionales, difícilmente políticas.

El país necesita implicar a toda la ciudadanía en la búsqueda de su bienestar. Para lograrlo, el “camino” a recorrer y el “sitio de llegada” deben anunciar un espacio para todos los ciudadanos y una cuota del bienestar deseado por cada cubano. No puede afectar que alguien posea una historia u otra, una posición sociopolítica u otra, un lugar de residencia u otro, una singularidad u otra.

La actual Carta Magna tiene déficits, pero brinda aperturas que podrían ser utilizadas si hubiera la suficiente voluntad política. Ella facilita, por ejemplo, la concurrencia a favor de un sistema económico y laboral capaz de garantizar la prosperidad, un sendero de ensanchamiento y consolidación de los derechos humanos, y un atisbo de certamen para la concertación de un Cuba viable.

Habría que canalizar las potencialidades de todo el mercado posible y el despliegue de todas las formas de propiedad económica. También se deberá atender el imperativo de combinar la política económica y la política social, e integrar el desarrollo económico en el desarrollo total y, además, colocar al trabajo como centro de las relaciones económicas y clave de la cuestión social.

Para que la ciudadanía se comprometa en el establecimiento de una economía y en su esfuerzo laboral, también se deberá garantizar que podrá hacerlo de manera efectiva y que, con ello, accederá a sus anhelos individuales, sociales, políticos. Esto demandaría colocar en el centro la cuestión de los derechos humanos.

El Estado cubano ha firmado la Carta de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, y los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos. Además, la inmensa mayoría de estos ya forma parte de la Constitución de 2019. Sólo habría que impulsar un proceso para su institucionalización, de seguro sin rigideces ni entelequias preconcebidas, y tampoco incorpóreo, inútil. O sea, a través un sendero de apertura y, a su vez, expedito y eficaz.  

Lo anterior, por supuesto, requeriría la proliferación de fórums para el análisis, el diálogo, el acuerdo y la acción múltiple y plural. Las estructuras vigentes ofrecen escasas posibilidades para conseguirlo, pero tal vez sean factibles otros modos no instituidos, aunque probables constitucionalmente, en tanto se revitaliza el orden establecido (si ello, finalmente, fuera posible).    

De este modo podrían comenzar a renovarse las pautas de la motivación, la conducta y la socialización y de esa manera transitar hacia indicadores económicos, sociales y políticos compartidos que, además, aporten a los anhelos actualmente contenidos de toda la sociedad y de cada persona.

Todo esto podría suceder por medio de una gestión democrática que procure el desarrollo de la presente Ley de leyes. Sin embargo, nada resultaría posible sin conceder sitio debido a la libertad necesaria. Además, en nuestro caso, quedaríamos forzosos a que ella sostenga el empoderamiento ciudadano y la responsabilidad cívica, mientras confirma que tal condición no es causa de peligro, sino ruta de esperanza.   

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