La élite política cubana ante la encrucijada del cambio

Roberto Veiga responde preguntas de David Corcho, en coloquio con amigos y colegas. 

David Corcho: Imaginemos que Raúl Castro muere por razones biológicas y los jefes de segunda fila se enfrentan de súbito a la soledad del poder. ¿La reforma institucional aprobada por la Constitución de 2019, con una repartición de los máximos poderes del Estado entre varias figuras, ayudaría a mantener la cohesión del sistema sin uno de sus principales soportes —el último de los hermanos— o podría convertirse en germen de su destrucción?

Roberto Veiga: El policentrismo bocetado en la Constitución de 2019 pretende desconcentrar las funciones principales del poder. Establece el presidente del Parlamento que, a la vez, preside un Consejo de Estado con amplias y fuertes facultades. Desde el punto de vista institucional, este Consejo y su presidente podrían ser entidades con mucho poder, muy probable que de modo análogo al del presidente de la República.

La nueva figura del primer ministro es el jefe del gobierno, si bien por medio de una confusa “subordinación” al jefe de Estado. Igual, a partir de la lógica del policentrismo, se inserta la autonomía municipal, aunque el texto deja interrogantes acerca de los sostenes de tal empeño. También se incorpora la figura del presidente de la República, que es jefe del Estado y del gobierno, pero le desagrega las funciones de jefe del Consejo de Ministro.

Sin embargo, el texto retiene la supremacía jerárquica del PCC, por encima del Estado y la sociedad. En tanto, quién ostente el máximo cargo del PCC será el jefe cohesionador de los otros cargos. Por ello, más bien se han desconcentrado las funciones (no el poder) y, a la vez, se ha liberado a esa máxima autoridad de la responsabilidad directa por la ejecutoria de estas.  

Por supuesto que tal distribución de funciones podría incorporar cierta colegialidad, al menos, en esta triada. El peso de las circunstancias fuerza a que procuren la distribución de algunos cargos y que estos se ejerzan de manera efectiva, entre los cuales destacan los mencionados. Asimismo, dichas responsabilidades pudieran estar ocupados por personas con ejecutoria análoga dentro del entramado de poder y, por ende, todas podrían tener equivalencia política, ya que en la Isla el peso político proviene sobre todo de la “historia” de cada cual y menos del cargo de autoridad que pueda ocupar. Además, aunque el presidente de la República sea a la vez el primer secretario del PCC, esto ya no le asegurará una especie de poder “absoluto”.

Dicha agrupación no posee el influjo de otros tiempos. La composición del Comité Central no garantiza la presencia de personas que posean el talante requerido para ocupar el próximo Buró Político y asegurar que éste constituya una autoridad “hegemónica”, “indiscutida” e “indiscutible”.

Por otra parte, los sostenes del “poder real”, o sea, de quienes poseen la facultad de custodiar el sistema y tomar las decisiones concretas, se ajustan a una etapa distinta, ya sin líderes históricos, con carencia de aliados ideológicos internacionales, cada vez más distantes de la capacidad de administrar la pobreza, ante el desdibujo sociológico del imaginario “Revolución”, y forzados a una relación con Estados Unidos, etcétera. En este escenario los individuos serán importantes, pero ya nunca más “pilares definitivos” del poder, de la estabilidad.

Tratarán de estar “unidos”, pero ahora a través de “alguna colegiación”. Lo necesitan para sostener compromisos e intereses propios. Además, ellos podrían ser funcionales para nuevos intereses (por ejemplo, del empresariado privado que pueda emerger) y, por eso, hasta pudieran ser apoyados por estos. Pero el logro de ese nuevo equilibrio y cohesión dentro del poder, se jugará en la “reproducción” del PCC. De lo contrario, carecerían de tales atributos necesarios al poder.

Para procurarlo, la agrupación política tendría que sostener un discurso acorde a su historia, pero operar pragmáticamente, abandonar el exceso de centralismo y promover alguna colegiación, y conseguir que su pretensión de “partido de poder” no asfixie la iniciativa económica, civil y política de otros sectores de cubanos. Ello, como es lógico, iría reconfigurando una realidad diferente que, en algún momento, demandaría una nueva delineación del sistema.    

David Corcho: ¿El poder del secretario general del PCC está garantizado, de manera política, institucional, legalista? ¿No sería sobre todo un poder de dominación de Fidel y Raúl Castro de otra procedencia, que ellos solo decidieron ubicar formalmente en ese cargo? Por otra parte, ¿sus herederos políticos poseen ese espíritu de cuerpo, indispensable para la reproducción de un sistema político?

Roberto Veiga: Ciertamente, donde hubiera colocado Fidel Castro, de manera formal, la “legitimidad legal e institucional” de su poder, allí estaría, además con todas las herramientas del Estado a favor de ello. Pero una cosa era “su poder” y ese apoyo al mismo, y otra “el poder real” de tal sitio, institución, mecanismo.

Debieron comprender esto, pero no ha sucedido. Uno de los defectos más nocivos del sistema es la obsesión por mantener la “realidad total” del modo en que la percibieron en “el instante x”. Por sus propios intereses debieron asumir que, en determinado momento, una sola persona no tendría toda la autoridad, ni una sola persona ocuparía todo el espacio institucional del poder. Era necesaria una transferencia de autoridad y legitimidad a las instituciones, a los cargos responsables de estas, a la colegialidad en sus filas, a una dinámica social democrática.

En tal sentido, la distribución de funciones por medio de ese policentrismo podría ser un elemento facilitador. Aunque ello no sería mucho sin un contexto social, político e institucional que sea músculo de la colegialidad, la democracia. 

Esa “unidad” que requieren dentro del poder y ante la ciudadanía, ya no será posible a través de algún “centralismo democrático” y menos por medio de cierto “autoritarismo”. Solo podría sustentarse a partir del deseo popular por integrar sus filas, de nuevos instrumentos para legitimar la autoridad y el liderazgo dentro de sus organizaciones y en la sociedad, y de una relación distendida entre ellos y con la población en cuanto a la creación y ejecución de políticas.

Tamaño desafío, para ellos, a estas alturas, además con tanto en contra. Sin embargo, pudieran sorprendernos en la disposición para cohesionarse en las condiciones presentes. Muchas dificultades pueden padecer, pero tal vez en este punto preciso sea donde realmente se juegan el poder.

David Corcho: Dentro de ese mismo escenario, ¿qué limitaciones pone al cambio el poder desmesurado que tienen los jefes militares? A tu juicio, ¿son un actor beneficioso, capaz de mantener orden en un escenario convulso como ese, o un fardo que intentará evitar cualquier salida democrática?

Roberto Veiga: Las instituciones militares son fuertes. Han tenido poder. Además, muchos altos militares han integrado el Comité Central del PCC, la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros. Sin embargo, ya casi no hay oficiales en estas instituciones de poder. La política ha sido reducir al máximo la presencia de estos en ellas. Aún quedan generales importantes en el Buró Político, pero seguramente eso será modificado en el próximo Congreso del PCC.

Las FAR tiene un sistema de empresas. Sin embargo, habría que ver cuánto control y cuánta facultad posee esa institución sobre buen parte de las empresas que le pertenece, al menos formalmente. Muchas de estas entidades económicas pudieran existir “al amparo” del ejército, y ser operadas por oficiales y sobre todo por exmilitares, pero no estar auténticamente bajo su dominio. Desde este último supuesto, las instituciones militares no tendrían realmente ese poder económico, aunque lo posea formalmente y, de algún modo, se beneficie de este.

El dominio de las instituciones militares no proviene de ese quehacer económico. Más bien tal desempeño fue cobijado allí a propósito de un poderío de otra índole, para actuar en condiciones ventajosas, dadas las peculiaridades negativas del modelo social. Por ello, no tendría que ser en base a ese “poder económico” que esas fuerzas puedan influir en un sentido o en otros. 

Ellas forman parte del sistema que sostiene el control del país para que el PCC, el gobierno, ejerzan sus funciones. Además, son la porción de ese desempeño con mayor fisonomía política. Por ende, tienen al menos una voz sólida dentro del entramado del sistema, sobre todo acerca de la estabilidad social y del Estado.

A partir de ello actuarán, o ya actúan. Algunos afirman que han sido parte destacada en el braceo a favor de iniciar una definitiva reforma económica. Buscarán la estabilidad y para ello favorecerán cierto pragmatismo. Lo cual, en nuestro caso, sería sinónimo de “apertura”.

Quizá no lo hagan, ni les interese hacerlo, a modo de promoción de la democracia. Pero al fortalecer la política de potenciar actores capaces de atraer progreso y estabilidad, ejercerán un tipo de apertura que incorporaría mayores elementos democráticos.

Por supuesto que procurarán hacerlo de modo “lampedusiano”. Pero ello es legítimo, y no tendría por qué resultar en perjuicio de la pluralidad de cubanos. En ese esfuerzo, ensancharían las libertades, mientras también procurarían esa “unidad” de sus activos, de la cual comentábamos en la respuesta anterior.

En tal sentido, quizá las fuerzas militares puedan ser promotoras de la “reproducción” del actual PCC en una especie de “partido de poder”, que intente abrir el país a la actividad diversa de sus miembros y, a la vez, mantener la potestad que apetecen.

¿Tendríamos que esperar algo así? No sé. Pero para sostener el poder están obligados a intentarlo, en alguna medida, o perecerá el entramado institucional, al menos por extenuación.

David Corcho: Atendiendo a la naturaleza del sistema cubano, a tu experiencia y a lo que enseña la historia de los regímenes de corte soviéticos y autoritarios, ¿es posible que la sociedad cubana, desde el carpintero hasta el activista opositor, puedan jugar un papel protagónico en un escenario de cambio de régimen?  

Roberto Veiga: La historia muestra cierta tensión entre poder y democracia, incluso, en las sociedades más democráticas. Por lo general, los avances en este ámbito se han impuestos a fuerza de lucha, que finalmente es aceptada por el poder a modo de concesión para facilitar la convivencia y/o de manera que también beneficie a quienes dominan. También la lucha puede derrotar al poder, pero culmina implantando otro que puede ser algo semejante al vencido. Por otro lado, en un caso o el otro, todo futuro será una expresión, aunque tal vez distinta, de la actualidad. O sea, todo lo que será, ya está de algún modo.

Además, las reformas en Cuba serán realizadas por el poder, sobre todo a partir de sus requerimientos para asegurar condiciones de sobrevivencia. No serán, sobre todo, un producto del activismo ciudadano. Precisamente, las reformas que se implementen tendrán el cometido de evitar que, por la ausencia de tales circunstancias, sea “casi obligatoria” una agitación social. Por ello, las transformaciones solo serán hasta donde se asegure que esto pueda evitarse.

También la sociedad civil cubana está atravesada por su experiencia, casi a manera de cultura. En enorme medida se concibe como agregado del poder, a su servicio. Ello es positivo, pues no tiene que haber una distinción “absoluta y eterna” entre sociedad y Estado. Eso sería anómalo. Sin embargo, tampoco es sano que esa identidad sea “absoluta y eterna”. La sociedad civil es el principio y el fin, el sujeto y el centro del Estado; no a la inversa. Por eso la ciudadanía debe disfrutar de toda la autonomía posible. Pero, a fuerza “de tanto”, ello cuesta, incluso a quienes se empeñan por ejercerla.

La fase más degradada de esto la observamos en quienes “rechazan” o “aplauden”, per se, la propiedad privada, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en dependencia de la posición del poder. Esto, en el futuro próximo, continuará, a no ser que el poder “decrete” la autonomía, además como “un servicio” al Estado.

Las actitudes autónomas no han encontrado circunstancias para cultivarse. El poder las estima contranatura, subversiva, criminal. De este modo, se ha dañado toda expresión individual que puja por expresarse. Lamentablemente, la condición autónoma del individuo llegará a ese futuro próximo con esa carga. No importa si se logra mejores condiciones para ejercerla, por algún tiempo será al modo de exponente y reacción de este presente/pasado.

Eso aportará, pues quién mejor que el afectado para comprender las soluciones necesarias. Pero también estará mediado por ese menoscabo. Por ejemplo, agotamiento cívico, escasa confianza política, tendencia sociológica hacia las individualidades, demasiada dispersión de actores ciudadanos —lo cual no tendría que ser expresión de pluralidad, sino de quebrantamiento, polarización—, profusión de la crítica, etcétera. Además, la evolución de las condiciones para el consumo y las vidas particulares, podría generar satisfacciones que contraigan el reclamo por la democracia sociopolítica.

En tanto, será difícil que los actores ciudadanos que actualmente se movilizan en contra del sistema puedan derrocarlo. El único modo sería que el poder no consiga revertir el deterioro de las condiciones socioeconómicas y ello ocasione un espíritu de convulsión social. Incluso, en estos casos, los contextos generan sus propios líderes, por lo general anónimos hasta ese momento, si bien la historia de quienes ya ejercían algún activismo siempre pudiera serle favorable. Por otro lado, resulta importante considerar que el poder continuamente ha sido diestro en gestionar situaciones de crisis y sortear imponderables.      

Por supuesto que, para esta respuesta, solo considero tales probabilidades durante una etapa precisa. Quizá después la participación cívica pueda robustecer su cualidad.

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