¿El parlamento cubano está ausente hasta cuando se reúne la Asamblea?

Por Roberto Veiga González

Cualquier parlamento debería ser una institución de poder, de suma responsabilidad. Suele estar integrado por delegados de la sociedad, y dedicarse a representar a los ciudadanos, legislar, y aprobar y controlar las ejecuciones del gobierno. Para ello, se reúne en plenario de manera sistemática y conserva un funcionamiento continuo a través de mecanismos que implementa.

En Cuba esta labor debería realizarse por medio de la Asamblea Nacional. Pero la Constitución cubana sólo prevé dos sesiones al año, y alguna especial cuando haya determinada urgencia. Además, si bien formalmente posee sólidas facultades, al implementarlas estas terminaron siendo mero auxilio del poder y ceremonia de legitimación para refrendar los actos del gobierno. Por otra parte, durante este año el parlamento no ha funcionado, ni siquiera de alguna manera reducida, lo cual no queda justificado por los rigores de la pandemia. En muchísimos países ha tenido un desempeño central, de control y complemento del ejecutivo, en torno a la gestión del codiv-19.

Ante esto, La Joven Cuba publica un texto el pasado 28 de agosto, titulado “¿Dónde está la Asamblea Nacional?”. Al respecto, intercambié con varios colegas. Uno manifestó que ello no es algo capaz de merecer la atención. Otro expresó que de esa manera se ahorrarían los recursos que se dilapidan con esas inefectivas reuniones. El tercero, después de atender estos criterios, agregó que el “parlamento cubano” está ausente hasta cuando se reúne la Asamblea.

Después de conocer estas opiniones me descubrí con las siguientes interrogantes. ¿Es posible estos planteamientos acabado de concluir un proceso de reforma total de la Constitución de la República? ¿Tenemos derecho a deslegitimar una manera de parlamento recién aprobada por la sociedad? ¿Cuál fue -entonces- la cualidad de nuestra participación constituyente? 

Realmente, la ausencia del parlamento cubano durante tantos meses sólo muestra que, según su modo ser, resulta innecesario para gobernar el país.

Un parlamento auténtico es otra cosa. Deberíamos propiciar una institucionalización adecuada de este. De todos los criterios que emitiría sobre tal reforma, ahora sólo señalaré dos de ellos. Necesitamos un modelo de parlamento acorde a su naturaleza y en sesión permanente. A la vez, una manera de elegir a los diputados que imprima la dinámica propia de un parlamentario, y la aleje de una especie de diputado escogido por el gobierno para que le sirva.

Es innecesario un parlamento que supera los seiscientos diputados. Una dimensión apropiada podría facilitar frecuentes reuniones plenarias y de las comisiones permanentes y temporales de trabajo. Además, estas comisiones pudieran constituir un elemento esencial para su dinamización, descentralización y democratización. Ellas podrían estudiar problemas complejos que requieran soluciones, ya sean a largo plazo o inmediatas, y agilizar respuestas cuando estas reclamen urgencia, así como desempeñar gestiones, observaciones y controles que correspondan al ámbito de sus competencias, etcétera.

Por otra parte, deberían coexistir varias formas de nominar libremente ciudadanos para ocupar los cargos de diputados, y desechar de una vez esas “comisiones de candidaturas” que resultan una aberración electoral. Sería lógico, además, que estos candidatos puedan divulgar las perspectivas del quehacer que se proponen, para que así la ciudadanía acuda a las urnas con suma responsabilidad acerca del representante a elegir y, a la vez, posea herramientas para evaluar el desempeño de los parlamentarios electos. También resulta imprescindible pasar a un modelo de elección donde cada ciudadano, de entre una lista de propuestas, “escoge” a uno de los candidatos; lejano del actual dispositivo a través del cual nadie elige, sino que ratifica o no a los ya electos por quienes controlan las “comisiones de candidaturas”.  

En tal sentido, y aunque no corresponde al tema parlamentario, aprovecho para indicar la necesidad de una reforma constitucional y legal que también ampare la elección libre y competitiva de los prefectos y gobernadores, y del presidente de la República.  

Trabajo publicado originalmente por CiberCuba

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