Necesitamos un Estado legitimado por una sociedad civil diversa y empoderada

Por Roberto Veiga González

Dialoga Raudiel Peña Barrios, jurista y profesor. Le preocupan las dificultades económicas, la necesidad de una sociedad civil pujante, el desarrollo de un Estado democrático, y la capacidad de los cubanos para conseguirlo.

  1. ¿Cuáles son las dificultades económicas fundamentales en Cuba? ¿Cómo afecta a la sociedad? ¿Cuánto daña la legitimidad social de las autoridades? ¿Crearía ello algún tipo de tensión social? ¿Prevé esto el gobierno?

Creo que una parte importante de las dificultades económicas fundamentales de Cuba tienen que ver con la existencia del bloqueo/embargo estadounidense, y otra parte no menos importante depende de un modelo económico muy ineficiente, sometido a presiones no solo externas sino también internas, y con una agenda de reformas en parte mal implementada y en otra parte sin implementar. Si tomamos como referencia el año 2011 y los lineamientos aprobados en el congreso del PCC de ese año, podemos percatarnos que la mayor parte de las reformas en el sector de la economía no se han llevado a cabo, y otras se han ejecutado solo parcialmente. Un listado para nada completo de las dificultades económicas de Cuba estaría integrado por: mal manejo de la producción y comercialización de productos agropecuarios, no reconocimiento de las PYMES y la creación de un marco jurídico adecuado para ellas, dualidad monetaria y cambiaria, obstáculos para la inversión extranjera, entre otros. El daño de la legitimidad social de las autoridades es real y sobre todo se verifica en el hecho de que a día de hoy, no hay impacto tangible en la mejora de la calidad de vida de amplios sectores de la población. Es decir, apostar por un programa de reformas económicas como el previsto en varios documentos de los últimos dos congresos del PCC y no llevarlas hasta sus últimas consecuencias en un contexto de crisis económica, opera como un factor que va lastrando poco a poco la legitimidad material de las autoridades.

Yo creo que, en medio de este panorama, en el que hay que incluir otras problemáticas aún sin resolver, ya se están generando tensiones sociales. Por ejemplo, la apertura de tiendas en moneda libremente convertible donde se comercializan productos de primera necesidad, creo que constituye un factor que agudiza un poco más esas tensiones, en tanto una buena parte de la población no tiene acceso a los productos que se comercializan en ellas. A eso hay que añadir otras cuestiones no solo económicas, sino que tiene un componente más social digamos, y que tienen que ver con reivindicaciones de determinados sectores como la comunidad LGBTIQ+, mujeres, afrodescendientes, entre otros. Considero que sí lo prevé, aunque es un criterio muy subjetivo dada la información que al respecto se dispone, pero la interrogante es cómo lo maneja y si ese manejo puede ser positivo tanto para la legitimidad del gobierno como para las reivindicaciones sociales.

2. Las modificaciones que demanda el modelo social cubano requieren una sociedad civil activa. Sin embargo, esta no podría asumir dicho rol sin determinadas reformas previas que la empoderen. ¿Podría gestionar esta sociedad, con efectividad, dicho protagonismo sin acceso al derecho de asociación, a la esfera pública, a las instituciones de poder? ¿Qué concesiones de esta índole podría ofrecerle el gobierno, por iniciativa propia?

No creo que la sociedad civil cubana actual pueda asumir el rol o roles que le corresponden en las modificaciones que el país demanda, sino se realizan ajustes necesarios, y más que necesarios diría que imprescindibles, para empoderarla al mismo tiempo que se democratiza el acceso a la esfera pública, a los espacios de decisión en el campo político o el derecho de asociación. Siempre he dicho que el Estado cubano necesita de una sociedad civil más empoderada y democratizada no para, digamos, hacer concesiones políticas a poderes externos, sino que la necesita para actualizarse a sí mismo y para ser capaz de legitimarse ante una sociedad civil cada vez más diversa. Una concesión a mi juicio muy simple es ampliar el derecho de asociación, en el sentido de realizar dos modificaciones importantes respecto a la regulación jurídica del mismo, hoy en día. Estas serían permitir la existencia de más de una organización por sector social, o sea, que pudieran existir más de una organización que agrupe a, por ejemplo, periodistas, juristas o defensores de los derechos de los animales, así como la eliminación del requisito de que estas organizaciones tengan un órgano de relación dentro de la estructura del Estado cubano.

3. ¿La actual dinámica de las instituciones del Estado consiguen la relación debida con la sociedad? ¿El modo de ocupar sus cargos públicos (las autoridades) garantiza la debida legitimidad de estos? ¿Posee la ciudadanía instrumentos para convertir la voluntad social en voluntad política del Estado?

No sé si la actual dinámica de las instituciones del Estado consigue la relación debida con la sociedad, lo que sí está claro a mi juicio es que esa dinámica no permite la suficiente inserción de una buena parte de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. En este sentido, creo que hay demasiadas intermediaciones entre los ciudadanos y los cargos públicos, sobre todo respecto a los de más alto nivel. Por ejemplo, el Presidente de la República, los gobernadores y vicegobernadores provinciales no son electos por voto popular, y el primer proceso de elección de los mismos estuvo marcado por la presentación de un solo candidato para ocupar cada puesto. Creo que este orden de cosas no garantiza que la legitimidad material o social de los mismos sea el adecuado, porque el electorado no interviene en su nominación ni en su elección. Ya no estamos hablando de dirigentes asociados o que formen parte de la denominada Generación Histórica de la revolución cubana, por lo que no ostentan la legitimidad de origen que quienes integraban la misma tenían. Por tanto, deberían crearse los mecanismos que aseguren una relación más directa de los ciudadanos con sus autoridades, sobre todo en lo concerniente a su nominación y elección como tales.

Creo que instrumentos hay reconocidos jurídicamente para convertir la voluntad social en voluntad política del Estado, pero más allá del componente formal, en que hay carencias importantes, también deben valorarse otros aspectos asociados a los mecanismos de control informales sobre su ejercicio, así como a la cultura político-jurídica en torno a los mismos. De lo que estoy hablando es que más allá de las elecciones, de las que ya puse un ejemplo muy puntual que resalta una de las carencias en la regulación y práctica de las mismas, hay otras instituciones democrático-participativas que deberían permitir la transformación de la voluntad social en política. Me refiero a la revocatoria de mandato, la consulta popular, el referendo, el plebiscito y la iniciativa legislativa popular, las que comparten como común denominador su escasa utilización por parte de la ciudadanía. En esto creo que influyen dos grandes factores, aunque puede haber otros. Uno son los mecanismos de control sobre la sociedad civil que entorpecen la utilización de dichas instituciones, mecanismos que muchas veces no están regulados en el plano jurídico, pero que existen, como por ejemplo el control que ejercen los órganos del Partido Comunista sobre las organizaciones de la sociedad civil legitimadas como tal. Otro sería la escasa cultura de amplios sectores poblaciones sobre la regulación de las mentadas instituciones, los requisitos para su ejercicio y las consecuencias del uso de las mismas.

4. Cuba necesita la plena inserción en el “sistema mundo”. Para ello, evidentemente, será fundamental una relación positiva con Estados Unidos. Sin embargo, al parecer las posibilidades para ello correrán sobre la lógica de que Estados Unidos podría estar dispuesto, pero solo en la medida en que la Isla ofrezca realidades de algún modo compatibles con sus intereses y/o visiones. Esto exigiría que Cuba realice grandes transformaciones para que sea realista un arreglo concreto con el vecino del norte. ¿Cuáles serían estos cambios? ¿Cómo actuaría el gobierno cubano ante esto? ¿Qué sería posible al respecto?

En materia de relaciones con Estados Unidos creo que el escenario actual es más complejo que en 2014. Por una parte, las relaciones se han deteriorado mucho con la actual administración y hay que reconstruir la confianza mutua. Por otra parte, no estoy seguro que las autoridades cubanas actuales tengan las mismas posibilidades de negociación que tenía Raúl Castro cuando era Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Además, hay que valorar que la administración Trump puede seguir en el poder hasta 2024 y esto garantiza cuatro años más de hostilidades. Cuba podría hacer muchos cambios, pero quiero subrayar que estos no deben hacerse, en mi opinión, pensando en tener relaciones normales con Estados Unidos, sino porque esos cambios son reajustes democráticos necesarios dada nuestra actualidad. Si esos cambios repercuten en mejores relaciones con Estados Unidos, eso sería un plus muy positivo, pero deben partir de las exigencias y necesidades de la sociedad civil. Cambios podrían implementarse muchos, la ampliación del sector privado de la economía con nuevos sujetos y actividades, el reconocimiento de un ecosistema mediático más amplio, el cual ya existe en el plano digital, la ampliación del ejercicio de algunos derechos políticos como los de reunión, asociación y manifestación, la abolición de la pena de muerte, la realización de indultos o amnistías, entre otros. Creo que la actuación del gobierno cubano debe ser mediante el Derecho, o sea, legislando sobre todos estos cambios, para dotar al Estado socialista de Derecho proclamado en el artículo 1 de la Constitución de 2019 de un ordenamiento jurídico robusto técnicamente, y atemperado a los mejores estándares y prácticas internacionales en materia de derechos humanos. Con voluntad política pueden hacerse realidad muchos cambios, que repito deben ser impulsados con base en las necesidades de la sociedad civil.

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