Educación, emigración, sociedad civil y prensa

Por Roberto Veiga González

El Laboratorio de Ideas Cuba Posible realizó un conjunto de propuestas programáticas directamente relacionadas con áreas claves de los procesos transicionales cubanos. Entre esos temas vinculados con el bienestar general se encuentran la educación, la emigración, la sociedad civil y la prensa.

La educación de los cubanos ha sido uno de los temas medulares de Cuba Posible. Mucho se ha escrito y debatido sobre ello. Algunos de estos trabajos podrán encontrarse compilados en el Cuaderno No. 30, del año 2016, titulado La educación cubana a debate. Tal fue la valoración del asunto que la Directiva decidió conformar un equipo que coordinara el diseño de una propuesta acerca del desarrollo de la educación en Cuba.

Dicho equipo fundamentó su trabajo en la formulación del derecho a la educación según como quedó bocetado en la Propuesta de Declaración de Derechos Humanos para una futura Constitución en Cuba y, sobre todo, del argumento al respecto en el documento titulado “Cuba soñada, Cuba posible, Cuba futura: propuestas para nuestro porvenir inmediato”, del año 2013. Este, en su elemento XX indica: “Garantizar el acceso universal y personalizado a una educación integral y democrática, humanista y diversa, con una remuneración justa para sus profesionales y un involucramiento activo de maestros, estudiantes, familiares y comunidades en la gestión de los planteles y la definición de los programas de estudio; así como a un desarrollo cultural libre y responsable.”

A partir de ahí el equipo de trabajo propuso asumir el principio de “una escuela para todos”. Para ello afirmó que no habrá personas y sociedades libres sin educación; pues la libertad resulta del ejercicio del conocimiento y de la voluntad y esto se hace difícil sin la enseñanza requerida. Sin embargo, también destacó que dicho esfuerzo debe resultar algo más que un plantel de enseñanza, porque debe constituirse, en cualquier comunidad humana, en “el milagro” capaz de construir un país y una sociedad, que sólo consigue hacerlo cuando, a su vez, va construyendo una “patria” de todos y para todos. Y esto, según se opinó, solamente se puede alcanzar por medio de la mayor convivencia posible entre todos los ciudadanos de una misma tierra; lo cual sólo puede ocurrir y ofrecer resultados eficaces a través del crecimiento físico e intelectual mancomunado. Igual indicó que estos niños, adolescentes y jóvenes, cuando ya maduros tengan la responsabilidad de sostener y conducir la sociedad podrán estar en mejores condiciones para hacerlo, teniendo cercana la imagen del “otro” y considerando las necesidades de los “otros”, y entonces el país podría dejar de ser, en alguna medida, lo que resulta para muchos: “yo, mis iguales, y las preferencias que compartimos”. Sobre este fundamento se presentó a la opinión pública un universo de retos para hacer posible ese “sueño necesario” y se invitó a la deliberación e implementación de las propuestas. 

El documento titulado “Por una escuela cubana para todos” resultó bien acogido y hasta mencionado en ciertos espacios por las autoridades vinculadas al quehacer educativo del país. No obstante, en algunos encuentros privados fue señalada, aunque sin grandes reclamos, la ausencia en el mismo de la tradicional escuela privada. En estos casos siempre expliqué nuestro consenso en cuanto a ello, el que jamás se ha publicado en papel porque ninguna circunstancia nos forzó a eso.

Siempre expresé que dicha posición compartida 1) no se opone a priori a la existencia de la tradicional escuela privada; si bien 2) su preocupación se centra a favor de las proyecciones y garantías que aseguren una educación excelsa para todos; 3) a la cual contribuyan otras instituciones, públicas y privadas, aunque no formen parte orgánica del sistema de escuelas y universidades del Estado; y 4) reconoce la oportunidad para el desarrollo de las escuelas privadas, ya sea al estilo tradicional u otros renovados, siempre que la pretensión anterior esté protegida sobremanera y las escuelas privadas aporten a ello de diversos modos.  

Asimismo, la historia reciente de la nación cubana posee una carga dolorosa en materia de emigración. Desde hace más de medio siglo la comunidad nacional padece una sangría continua que lacera la vida familiar y social. Esta realidad constituye un desafío que nos interpela.   

Tal vez uno de los esfuerzos principales encaminados a detener o a limitar esa triste realidad pudiera concretarse en una gestión orientada a reducir intensamente todo el universo de causas internas que provocan el afán de marcharse del país. Sin embargo, esto no bastaría. Cuba es una isla del Tercer Mundo, razón por la cual muchos podrían continuar anhelando emigrar a otro país, aun cuando la sociedad logre un nivel mayor de progreso y equilibrio. Por ello también sería muy conveniente estabilizar al máximo el vínculo de los cubanos radicados en el extranjero con su país natal, del que son naturales. Claro, en el caso de Cuba esto constituye un tema complejo porque, aunque se ha avanzado mucho, aún está atravesado por muchas pasiones y prejuicios políticos.

El futuro del país estará lastrado si el Estado y la nación resultan incapaces de asumir los rigores de una política capaz de conseguir lo anterior. Lograr el vínculo de los cubanos radicados en el extranjero con la Isla exige institucionalizar gradualmente, pero sin vacilaciones, el status de emigrante de estos cubanos. Pues de lo contrario lo que puede constituir una emigración se convierte en una especie de exilio. Sin embargo, la cuestión es que toda labor encaminada a estabilizar las relaciones familiares, culturales y económicas entre los cubanos que viven en el extranjero y los de la Isla, reclama que los primeros puedan participar efectivamente en la redefinición del asunto y eso se vuelve complicado, dada nuestra realidad actual.

Nuestra diáspora, además, ya no resulta algo estático, o sea, un grupo de personas que viven en algún otro país; sino que incluso, cada vez se hace más visible cómo emergen relaciones (laborales, comerciales, familiares) intermitentes, pero siempre muy concretas e influyentes, entre cubanos con otros territorios y con el suyo propio.

Este complejo tema ocupó el trabajo de Cuba Posible desde el año 2006, a través de análisis, de encuentros y de la incorporación de emigrados en los propios trabajos del Laboratorio. Como un aporte, a petición de un grupo de amigos, un equipo gestó un documento trascendental que constituye una ruta aún por recorrer, titulado “Necesidad de transformar la relación entre el Estado y la Diáspora cubana”, que propone el avance hacia un Estado-nación transnacional.

Por otra parte, el historiador y escritor Rafael Rojas, quien ha discernido de manera amplia sobre temas constitucionales, aportó opiniones significativas al respecto en la reunión de LASA correspondiente al año 2016. Rojas enfatizó en la necesidad de reformas constitucionales que abran el sistema político a la nueva filosofía de los derechos que sostiene el actual constitucionalismo latinoamericano. Consideró además la necesidad de ensanchar, quizás por medio de una reforma constitucional parcial y previa, un conjunto de garantías que hagan factible el camino hacia una reforma amplia, profunda y completa, por medio de una participación cuantitativa y cualitativa de la ciudadanía. Para ello propuso una reforma que: 1) prive de limitaciones el ejercicio de la libertad de reunión, manifestación, asociación y expresión, así como el desempeño de los medios de comunicación, y 2) revise el actual carácter punible de la asociación y expresión al margen del Estado.

Con esta precisión, comenzamos a enfatizar que un proceso encaminado a lograr “un nuevo pacto social” exigía y exige de una participación ciudadana activa, amplia, intensa, inteligente, serena, responsable y deliberativa. Y para lograrlo, reiteramos, se hace imprescindible que las organizaciones de la sociedad civil se redimensionen, que una nueva Ley de asociaciones permita la institucionalización pujante de la nueva subjetividad social, que se legalice y asegure una socialización radical de la comunicación y la prensa, y que las instituciones públicas desarrollen su capacidad para canalizar la participación ciudadana y los consensos necesarios. Sin lo anterior, se ratificó, podrían efectuarse reformas constitucionales, quizá beneficiosas e importantes, pero estas no llegarían a ser el nacimiento de una etapa social cualitativamente superior.      

De algún modo todos estos argumentos y todas estas proyecciones fueron los pilares, los ejes y los horizontes iniciales, que guiaron el desarrollo de los análisis, debates y consensos sobre todos los temas relacionados con la sociedad civil y el derecho de asociaciones. Lamentablemente esto continúa siendo una asignatura pendiente, pues la Carta Magna de 2019 no evolucionó al respecto. Incluso, en acápites de la Propuesta de Reforma Constitucional aparecían los términos “sociedad civil” y “ciudadanía”, pero ambos resultaron suprimidos en la versión final, reemplazados por la terminología de “sociedad” y “pueblo”. Esto no tendría que ser negativo, pero al parecer respondió a una lamentable toma de distancia con maneras ventajosas de concebir la sociedad civil y el quehacer ciudadano.

También al respecto Cuba Posible perfiló una propuesta, titulada “Institucionalizas la diversidad, sostén de nuestra soberanía”.

Además, desde 1975 existe en Cuba una relación estructural copiada del modelo soviético en la cual se le asignó al aparato ideológico del Comité Central del PCC la dirección centralizada de todos los aspectos relacionados con la prensa, en especial el contenido editorial. Cada vez que hay un tema políticamente delicado, ese órgano define si se trata, en qué momento y hasta con qué enfoque. Como consecuencia la prensa cubana se sostiene sobre la base del monopolio de la información y la impunidad que esa situación le confiere. La prensa no siente la obligación de responder ante la opinión pública por sus deficiencias y por las críticas y reclamos que se le formulan. La prensa cubana apenas intercambia con la sociedad, supuestamente le informa, pero sin escuchar el rebote de la información, y si ese rebote es crítico, mucho menos. En vez de informar al público, su interés mayor es agradar a aquellos que se afanan por presentar solo el rostro positivo del país. Por eso la prensa actúa casi solo como expresión de la posición y opiniones del gobierno y no como un medio para informar objetiva y críticamente sobre la realidad de fondo de los acontecimientos nacionales e internacionales.

Esto constituye un tema que preocupa a muchos y sobre el cual la sociedad debate. Es un asunto de suma importancia porque la información resulta determinante para la consecución de la democracia en cualquier país. Sobre ello se estudió mucho en Cuba Posible y ofreció un espacio para el debate, lo cual resulta posible revisar, por ejemplo, en el Cuaderno No. 48, del 2017, titulado Donde habita el diálogo hay lugar para el disenso, en sus páginas del 15-31, y en el Cuaderno No, 60, del año 2018, titulado Legitimidad, poder y “líneas rojas” del debate en Cuba, en sus páginas del 70-84.

Asimismo, un grupo de colaboradores, en interacción con amplios sectores del periodismo cubano, cinceló y publicó un conjunto de retos que deberían ser tenidos en cuenta en el ineludible proceso de elaboración, discusión y aprobación de una “Ley de Información, Comunicación y Medios (LICOM) para Cuba”. Sin embargo, durante nuestros debates, entre quienes estuvieron dispuestos a participar en estos, se denotó sensibles confusiones o enorme timidez.

Por ejemplo, cuando algunos se referían a los medios de propiedad estatal, dejaban claro que ellos deben asumir los temas netamente estatales, gubernamentales, etcétera, y reconocían al diario Granma como un medio de esta índole y, además, proponían otorgarle ese carácter a la plataforma Cubadebate. En este caso, refiriéndose de tal manera a dichos medios del PCC, asumían que el Estado pertenece a esta agrupación político-ideológica, lo cual está en consonancia con los preceptos constitucionales y con las políticas oficiales. Sin embargo, no precisaban, dado el caso, si estos medios deben renunciar a tratar asuntos partidistas, no esencialmente estatales, ni cómo estos medios deberían tratar ambas naturalezas temáticas sin confundir una con la otra, por mucha relación que en la práctica pueda haber entre ambas, y jamás definieron si para ellos ambas dimensiones poseen una misma y única identidad. 

Al tratar la cuestión de la propiedad de los medios de comunicación de las organizaciones políticas, sociales, de masas, gremiales y fraternales, algunos señalaban, a modo de solución, que los titulares legales de estos medios fueran las diferentes organizaciones que los patrocinan. No obstante, esto ya era así. La Central de Trabajadores de Cuba es la titular del periódico Trabajadores y la Federación de Mujeres Cubanas es la titular de la revista Mujeres, etcétera. El asunto aquí era dilucidar cómo estas organizaciones ejercen dicha titularidad sin asumir la naturaleza de un medio cuasi partidista o estatal, pues ellas son formalmente organismos anexos al PCC que, a su vez, posee bajo su jurisdicción al Estado.

Considero razonable la propuesta de algunos en torno a incluir la forma de propiedad cooperativa como opción para institucionalizar determinados medios de comunicación. La cooperativa, como forma de propiedad, en su significado más clásico, se basa en la puesta en común de bienes patrimoniales tangibles, para aunar medios y así conseguir mayor fuerza, eficacia y rentabilidad en la gestión laboral y económica. No obstante, en muchísimas ocasiones las dinámicas reales no se dan en su estado puro o en su evolución incorporan otros elementos, pero conservan ciertas esencias que no desnaturalizan la manera de definirlas. En este caso, algunas asociaciones económicas empresariales que se sostienen por la puesta en común de otros valores y pueden seguir denominándose cooperativas. Por ende, podría resultar factible considerar una cooperativa, como proponen estos, al desempeño de un conjunto de personas que ejercen la comunicación, el periodismo, aportando cada una de ellas un capital financiero diferente, pero compartiendo, de manera igualitaria, el poder de toma de decisiones, con independencia de la diferencia del capital provisto por cada cual. Pero, para apreciar el peso específico del potencial éxito de la propuesta, yo hubiera querido conocer cuánta experiencia probada ha tenido, en otras sociedades, un acontecer de este tipo, sin que esta experiencia sea realmente una empresa de accionistas.

Algunos abogaban también por algo que denominan propiedad individual, sobre lo cual sí poseo grandes dudas e incompatibilidad de criterios. Bajo esta forma de propiedad, estos incorporarían a centenares de blogs, páginas web, canales de YouTube y otras plataformas desde las cuales se comparten y difunden contenidos en múltiples formatos y a escala masiva.

En un artículo, publicado en Cuba Posible, ofrecí mi opinión sobre estos instrumentos; aunque, ratifico, son criterios muy personales. En aquel trabajo sostuve que la proliferación de ágoras ciberespaciales, que suelen ser consideradas publicaciones, medios de prensas u otros calificativos semejantes, son instrumentos ciudadanos individuales de nuevo tipo, llamados a no convertirse en algo semejante una empresa comunicativa, sino a favorecer la participación ciudadana y contribuir a una mejor relación entre el individuo y la sociedad. En aquel entonces agregaba que son instrumentos de la sociedad para ejercer con suma singularidad, autenticidad e integralidad, la soberanía popular y la responsabilidad ciudadana, en un sentido muy amplio, porque incluye periodismo, activismo social, fomento cultural y desempeño político, etcétera. En tal sentido, el blog pudiera ser hoy tal como fue un día y continúa siendo, el lápiz, la máquina de escribir o el micrófono.

No obstante, coloco a un lado mis consideraciones al respecto y presento algunas inquietudes concretas. Sus promotores estiman que, dado su carácter de instrumento individual y la carencia de un objeto social institucional, no habría que exigirles el requisito de inscripción o reconocimiento legal ante autoridad competente, que sí deben requerir las otras formas de propiedad. Sin embargo, defienden que su labor pueda sobrepasar el quehacer del blog y desarrollar trabajos en formatos audiovisuales que puedan ofrecerse a los medios radiales y televisivos, así como a formato de textos que puedan circular y hasta ser vendidos. Del mismo modo solicitan que puedan acceder a disímiles formas de financiamiento legales y generar ingresos a partir de la venta de contenidos u otros servicios. Para eso abogan a favor de que los hacedores de los blogs puedan realizar sus cobros al amparo de la ley, aportar al presupuesto y contar con los beneficios del régimen de seguridad social. Igual sugieren que debido a la preponderancia que pueden alcanzar estos actores mediáticos ante determinados públicos y temas, sería pertinente estudiar formas que les permitan su acreditación para la cobertura de ciertos eventos y sucesos que resulten de su interés.

Es decir, proponen la factibilidad de convertir los blogs en entidades institucionales, pero sin objeto social definido legalmente y, además, le ofrecen la posibilidad de asumir un marcado acento mercantil. En tanto, para ellos, esta institución, que además puede mercantilizar, no es una clásica propiedad privada por dos razones. La primera, porque no ha de poseer un objeto social legalmente inscrito. La segunda, porque, según destacan, no debe retribuirse monetariamente a quienes realicen trabajos para dichos blogs, pues ello constituye “una explotación del trabajo ajeno mediado por relaciones económicas”. Me resulta incongruente que una entidad que reciba financiamiento y que hasta pueda generar ganancias lucrativas, considere ilegitimo que quienes contribuyan a su éxito institucional y a sus beneficios monetarios, no sean retribuidos por su trabajo. Además, si obtener una retribución por un trabajo entregado a alguien, a una entidad, constituye ser explotado por la misma; tan explotado seríamos al ser retribuido por un medio de comunicación de propiedad individual o de propiedad privada o de propiedad comunitaria o de propiedad pública o de propiedad partidista.  

Por otra parte, alegan varias razones en contra de la propiedad privada de medios de comunicación y sobresaltan tres argumentos. El primero, que instituye relaciones asimétricas. El segundo, que atiende intereses particulares. El tercero, que suelen ser fortalecidos a través del financiamiento y apoyo de proyectos conservadores antipopulares.

Estos y todos los otros argumentos que presentan en contra de la propiedad privada de medios de comunicación resultan reales y peligrosos. Sin embargo, no es posible protegerse de estos riesgos porque se tratan, sobre todo, de medios comunicativos implementados en el ciberespacio y, por ello, pueden estar constituidos y gestionados desde otros países. En tanto, mejor sería permitirle su inscripción e institucionalización y emplear los canales legales y procedimentales aceptados al solicitar y recibir la inscripción legal para lograr un vínculo positivo, para negociar, para canalizar las diferencias, para atenuar los peligros… Además, quiero destacar que estos males que ellos adjudican únicamente a los medios de comunicación de propiedad privada han abundado también en los medios de comunicación públicos, cooperativos y comunitarios.  

En este debate logré mayor entusiasmo con la propuesta de medios de comunicación de propiedad pública. Sin embargo, estimo que constituye la opción más alejada de nuestras actuales posibilidades reales. Muchos argumentos yo pudiera emplear para sostener este criterio, pero sólo me remitiré a tres razones. La primera, no tenemos una cultura de encuentro y de diálogo, de convivencia y de negociación; sino más bien de voluntarismo, de verticalismo, de autoritarismo, de deslegitimación y de exclusión. La segunda, no existe una ciudadanía institucionalizada civilmente por medio de un amplio y vital tejido asociativo, no oficial, que pueda sostener, utilizar y dar sentido auténtico a medios de comunicación de propiedad pública. Y la tercera, que valoro las dos razones anteriores como agravantes que podrían contribuir a ensanchar las debilidades de los medios de comunicación de propiedad pública en muchas sociedades; pues estos, en unos casos con sutileza y en otros de manera casi grotesca, tienden a ser manipulados por los poderes que, en cada momento, ostentan el mayor control del país. 

Confieso que en el debate sobre este tema sentí que debíamos vencer la tentación o la ingenuidad o el cinismo de preferir reformar a la sociedad para adecuarlos al sistema (en este caso, tal o más cual modelo de comunicación), cuando siempre lo necesario será reformar el sistema para adecuarlo a la realidad.

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