Una economía para el desarrollo humano

Por Roberto Veiga González

La economía ocupó gran parte de nuestro trabajo desde 2005. Cuba está forzada a encontrar mecanismos estructurales y desatar políticas económicas que conduzcan al país hacia el desarrollo. La Isla enfrenta dificultades económicas, propias de la influencia de problemas externos, pero que indudablemente se agravan con motivo de debilidades internas. Al respecto, muchos son los temas que fueron debatidos; por ejemplo:

  1. El diseño de un renovado y eficaz modelo de sector público cubano y la definición de los modos para sostenerlo.
  2. La necesidad de que las empresas estatales funcionen desde lógicas que no las alejen de la promoción del trabajo y la creación de riquezas.
  3. La definición de estrategias a favor del desarrollo de un entramado empresarial, público y privado, tanto nacional como extranjero (ya sea en la producción, los servicios, el ejercicio de las profesiones, etcétera), que garantice el crecimiento de la producción, de los servicios, de la tecnología, de la profesionalidad y especialización laboral, y del trabajo decente.
  4. El desarrollo de un proceso intenso que favorezca la inversión extranjera y que esta siempre pueda ser portadora, por ejemplo, de empleo, experiencia, tecnología y mercado.
  5. El progreso de aquellos renglones de la economía del país capaces de generar un desarrollo que, a su vez, aporte a la evolución de otros renglones importantes y/o necesarios. El turismo constituye un ejemplo de sector que podría vitalizar otros sectores.
  6. La promoción del empresariado nacional, provincial y municipal (tanto estatal como social y privado; ya sea en la producción, los servicios, el ejercicio de las profesiones, etcétera) capaz de garantizar infraestructura y ofrecer servicios a las inversiones nacionales y extranjeras, así como beneficiarse de estas.
  7. La definición de una estrategia de desarrollo que procure la evolución proporcional y equitativa de todos los territorios del país y asegure la autonomía de gestión que deben poseer los empresarios y los gobiernos locales.
  8. El desarrollo de un entramado amplio e integral de relaciones económicas y comerciales bilaterales, supranacionales, regionales e internacionales.
  9. La integración de todo el empresariado cubano (estatal, social y privado) y colocarlo en condiciones de integrarse en las cadenas internacionales de creación de valores. Esto resulta imprescindible para asegurar cierta contribución al desarrollo y para que nuestra economía, que cada vez tendrá que ser más global si quiere existir, sea necesaria ante significativos intereses internacionales. Sólo de este modo podría lograr respaldo ante dificultades en determinadas relaciones económicas bilaterales, regionales, etcétera.
  10. La gestión del crédito internacional que necesita Cuba, tanto para el Estado y el gobierno, como para la sociedad civil y la ciudadanía; y hacerlo de modo que sus costos no hipotequen el futuro, no dañen el anhelo de un desarrollo social lo más equitativo posible, ni expropie a los cubanos de sus derechos soberanos.
  11. La definición e implementación de una gestión encaminada a la unificación monetaria, capaz de atenuar los efectos nocivos que en lo inmediato produciría dicha unificación.
  12. El favorecimiento de una sólida estrategia de desarrollo de las finanzas y del crecimiento del valor de estas, así como la extensión y profundización de las capacidades crediticias de los bancos nacionales y, quizá, extranjeros.
  13. El establecimiento de un sistema tributario cualitativo y justo y la implementación de una política que garantice el mejor empleo de las finanzas recaudadas por medio de impuestos.
  14. La creación de una agenda de trabajo para ejecutar el desarrollo de la infraestructura socioeconómica del país. Por ejemplo: la electricidad, las comunicaciones, el sistema vial, el transporte y la vivienda.

Dicho trabajo podrá revisarse, por ejemplo, en los cuadernos número 3 (tomos 1 y 2), 11, 12, 28 (tomos 1 y 2), 33, 35, 37, 45, 50, 52, 56, 61, 62, 68 y 69.

Como parte de este quehacer, un equipo de Cuba Posible confeccionó y publicó un conjunto de pilares que pueden aportar a la elaboración, discusión y aprobación de un Código de Comercio que promueva y garantice todo lo anterior. El documento se titula “Cuba: un Código de Comercio para el siglo XXI”.

Sin embargo, todo ello sería posible únicamente sobre la base de una estrategia de estabilización del actual sistema empresarial y de los emprendimientos creados y por crear, así como a partir del logro de una armonía e interacción entre todo ello, capaz de tributar a una reciprocidad estabilizadora. Por ello, el doctor Pedro Monreal, economista y académico y miembro de la Junta Directiva de Cuba Posible (después de consultar a economistas, expertos en temas específicos, exfuncionarios públicos y exministros del gobierno) elaboró una propuesta al respecto, titulada “Un programa de estabilidad económica para Cuba”.

La misma sugería, con enjundiosos argumentos, por ejemplo: 1) Crear condiciones básicas para el establecimiento de un dinámico sector privado y cooperativo, capaz de generar empleos e ingresos y aportar al sistema impositivo. 2) Sanear la empresa estatal y procurar que esta optimice el uso de los activos estatales mediante la transformación de los activos gestionados por aquellas empresas estatales que irremediablemente no pudieran ser rentables en el marco de una unificación de tasas de cambio con devaluación de la moneda nacional. 3) Adoptar una tasa de cambio única, que utilizaría el método de implementación súbita de la unificación de tasas de cambio con devaluación, incluyendo mecanismos de amortiguación crediticio y fiscal.

Por otra parte, muchísimo se analizó y debatió acerca de la integración de Cuba en las instituciones financieras internacionales.

Tal vez la mayor síntesis que podría acercarse a la formulación de un modelo económico se encuentra en el capítulo IV del “texto modélico” de propuesta de Carta Magna, titulado: Economía y desarrollo humano.

Allí definimos que un modelo económico tendría la obligación de conseguir progresivamente el desarrollo humano, integral y equitativo de todos los ciudadanos y de todas las localidades del país, sin abandonar a quienes padezcan desventajas o tengan dificultades. También que, para ello, el Estado debe promover y arbitrar el desarrollo económico del país, a partir de las necesidades y de los horizontes sociales debidamente acordados y refrendados, sobre todo a través del desempeño del gobierno de la República, de las dinámicas sociales y del quehacer del sistema institucional.

En cuanto a esta responsabilidad, señalamos que la legislación debe garantizar al Estado las facultades siguientes:

  1. Exigir la planificación económica estratégica del Gobierno y la obligación de sostener la solidez y liquidez financiera necesarias.
  2. Garantizar las reglas para el mercado y la libre contratación económica y para el control por parte de la sociedad, del Estado y del gobierno.
  3. Estimular la virtud empresarial de la ciudadanía, ayudar a las empresas y a los proyectos de emprendimientos y al empeño por alcanzar las correspondientes relaciones entre diversos quehaceres empresariales, así como a la internacionalización de las mismas.
  4. Tomar a su propio cargo -sólo en circunstancias de emergencia y mientras estas permanezcan y según los requisitos y procedimientos legislados y por decisión de un tribunal de justicia- la organización y gerencia de empresas y emprendimientos que se hagan indispensables e impostergables.
  5. Supervisar las entradas y salidas de riquezas del país.
  6. Juzgar las infracciones económicas, las contravenciones económicas y los delitos económicos.

Acerca de las formas de propiedad abogamos por un modelo donde participen, de manera coherente, hacia los propósitos generales del desarrollo común, todas las entidades económicas, independientemente de su forma de propiedad. Indicamos que estas debían ser:

  1. Empresas estatales y públicas, así como provinciales y municipales; y, por ende, regidas por el gobierno central o los gobiernos provinciales y municipales, según sea el caso; pero no propiedad de estos, ni administrada por ellos, sino gerenciadas desde los principios fundamentales de la conducción empresarial.
  2. Empresas sociales, como cooperativas, sociedades económicas, entre otras.
  3. Empresas individuales, propiedad de una persona o de una familia.
  4. Empresas mixtas.
  5. Asociaciones de empresas privadas, cuyos miembros sean accionistas, y de estas con otras empresas estatales, públicas, sociales, individuales o mixtas.

En relación con la protección del sistema empresarial, apostamos a favor de que el Estado sólo pueda expropiar a las empresas por colisión entre el interés público o social y el interés privado, en consideración a la lógica prevalencia del primero y con la debida indemnización. Igual que esto debería ocurrir a partir de los casos, las condiciones y la forma que fije la legislación y a través de procedimiento judicial. También suscribimos que cuando la colisión entre el interés público o social y el interés privado, no demande una expropiación forzosa, la legislación deberá indicar el consorcio o el arrendamiento forzosos, lo cual no conduce a la transmisión obligada de la propiedad a favor del Estado, pero sí implica una limitación individualizada del dominio mientras a su vez le otorgue la adecuada y justa compensación.

Acerca del Estado, suscribimos que este podría resultar propietario de aquellas entidades que aseguren actividades supra-económicas o que interesen de manera estratégica; sin perjuicio de que participen también todas las otras formas de propiedad, ya sean de titulares nacionales y/o extranjeros. Igualmente, rubricamos que el Estado garantice, por medio de la legislación requerida, un sistema de impuestos proporcionales y progresivos sobre las ganancias de todas las personas naturales y de todas las personas jurídicas, sean estatales o no. En tanto, enfatizamos que el Estado debe asegurar, a través de la legislación e institucionalidad debidas, el procedimiento para diseñar, acordar y cumplimentar el presupuesto del Estado y la socialización de la riqueza.

Formulamos que el Estado patrocine el desarrollo de instituciones financieras y crediticias (públicas, sociales y privadas), para el apoyo financiero a empresas, personas naturales y otras ONGs. En tal sentido, precisamos que la legislación debe fijar los criterios de concesión de estas ayudas, las obligaciones de los beneficiados y los límites de esta oportunidad. Esto último, con el propósito de no establecer distorsiones financieras, económicas, comerciales y sociales.

De igual manera planteamos la gestión económica de los gobiernos locales desde el principio de la autonomía de éstos. Al respecto precisamos que las comunidades locales deben participar con instituciones propias en el gobierno y la administración de los asuntos que le atañen, garantizando el equilibrio entre los intereses locales y supralocales y nacionales. 

Enunciamos que las finanzas provinciales y municipales deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de sus funciones y que deben nutrirse fundamentalmente de:

  1. La participación en las finanzas del Estado o de las provincias, para aquellos desempeños territoriales que corresponden a funcionamientos de carácter nacional y estatal o del gobierno central, o provinciales en el caso de los municipios.
  2. Asignaciones con cargo al presupuesto del Estado.
  3. Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado a las provincias y municipios, o por las provincias a sus respectivos municipios.
  4. Sus propios impuestos, ya sean provinciales o municipales.
  5. Transferencias de fondos.
  6. Rendimientos procedentes de su patrimonio y otros ingresos propios.
  7. El producto de las operaciones de crédito.

También reconocimos que las provincias y los municipios puedan instituir empresas creadoras de bienes, cuando esto no contravenga las estrategias del Estado relacionadas con la creación, la gestión y el desarrollo de empresas para beneficio de todo el país; y que igual previsión deben asumir los municipios ante las estrategias de esta índole por parte de las provincias a la que pertenezcan. Estas empresas provinciales y municipales, aclaramos, igualmente podrían operar a través de la forma de propiedad mixta. Por ello expusimos que, en su gestión económica, las empresas provinciales y municipales puedan promover la inversión privada, en cualquiera de sus formas, ya sea nacional y extranjera. También importar, comercializar libremente dentro del país y exportar, así como asociarse con empresas en otros países o supranacionales.  

Y, como es lógico, suscribimos que los gobiernos provinciales y municipales elaboren, aprueben y gestionen sus presupuestos para aquellos desempeños que no sean de carácter nacional y estatal o de carácter provincial en el caso de los municipios. Por supuesto que sin perjuicio del control que sobre esto deban ejercer el Estado y la sociedad y las provincias sobre sus respectivos municipios.

Por otra parte, consideramos útil pensar en una especie de “Comisión Trisectorial” que podría sesionar cada 30 meses (quizás coincidiendo con el inicio del periodo de gestión del primer mandatario y luego a mitad de mandato) y pudiera estar compuesta por:

  1. Un Comité integrado por los sindicatos y las asociaciones de profesionales y de oficios, que deba consensuar sus criterios y posiciones de acuerdo al peso representativo de sus participantes. Esta podría quedar integrada, en cada caso, por una cuota de líderes y por una cuota mayoritaria de actores nominados y electos por la membresía de estas agrupaciones.
  2. Un Comité de asociaciones de empresas que, igualmente, deba consensuar sus criterios y posiciones de acuerdo al peso representativo de sus participantes.
  3. Y un Comité gubernamental, integrado por instituciones ejecutivas encargadas de la economía, de las finanzas, del desarrollo social y del trabajo, que actúen como peritos y deban consensuar sus criterios y posiciones.

Estimamos tal “Comisión Trisectorial” con el objetivo de que tome en cuenta la estrategia de desarrollo económico, las gestiones del gobierno y las condiciones del país y a partir de ello genere un proceso de deliberación, negociación y pacto, con el propósito de refrendar un Acuerdo-Marco que posea vigencia durante los próximos 30 meses. Cada Acuerdo podría proponerse ajustar (aunque sin contradecir los fundamentos del Estado, las leyes y la proyección de gobierno electo), el cumplimiento de todas las estrategias económicas, las gestiones del gobierno, la socialización de las riquezas, el sistema de contratos de trabajo y el disfrute de los derechos laborales, así como los salarios mínimo y promedio del país. Igualmente, cada Acuerdo debería acreditarse jurídicamente y resultar vinculante para el gobierno, las instituciones, las asociaciones civiles, las empresas y los ciudadanos.

Lamentablemente una orientación económica de esta índole no fue aceptada por la oficialidad, sino rechazada. No obstante, las circunstancias han ido forzando a las autoridades hacia el reconocimiento de la propiedad privada en lo económico. Pero hasta ahora ha sido, sobre todo, de manera teórica y formal y con un empeño desmedido por mantenerla lo más constreñida posible. Sostienen, a toda costa, que la empresa estatal debe constituir el sujeto principal y el actor más amplio e importante de la economía. Con esto no tengo por qué estar en desacuerdo a priori. No obstante, creo que, dada nuestra realidad actual, se aferran a un error.

Por ejemplo, si el Estado no tiene capital, ni tecnología, ni otras condiciones necesarias para poseer todas las empresas estatales que necesita el país y así garantizar que estas sean el sujeto principal de la economía nacional, en condiciones de satisfacer las necesidades sociales: ¿Cómo asegurar que lo consiga? ¿Acaso pretenderá lograrlo reduciendo las potencialidades de “otras formas de propiedad” para que estas no sobrepasen la dimensión y el raquítico potencial de la empresa estatal, a costa de no crear riqueza, sino pobreza? ¿Por qué no descartar esa “camisa de fuerza” y potenciar el desarrollo de “otras formas de propiedad en la economía”, capaces de producir riqueza real y aportar a la sociedad y al Estado y con esos recursos recibidos por el Estado, éste proyectar una estrategia de crecimiento de la “empresa estatal” que progresivamente avance, hasta llegar a sobrepasar, en dimensión y potencialidad, a la economía “según otras formas de propiedad” (pero sin coartarlas, ni asfixiarlas) y así incrementar realmente las riquezas del país?

De lo contrario, para que la empresa estatal sea la institución económica más extendida e importante, en condiciones que no le permiten desarrollarse, lo único factible sería la cuasi inexistencia real de empresas según “otras formas de propiedad” y esto convertirá el término “prosperidad” (que demanda la justicia social) en un mero eslogan y la “riqueza” (que demanda la prosperidad) en un atributo excluido de nuestro imaginario como país.

Deben abandonar esa absolutización acerca de que las empresas estatales resultan instrumentos “socialistas” y las empresas privadas constituyen instrumentos “capitalistas”. Quizá sea cierto que, en determinadas circunstancias, las empresas estatales hayan sido más funcionales a la gestión política de estrategias “socialistas” y que las empresas privadas sean más funcionales a modelos sociopolíticos considerados “capitalistas”. Sin embargo, estos últimos no suelen desestimar la obviedad, la pertinencia, la magnitud y el aporte de las empresas públicas (“estatales” –en nuestra jerga). En tal sentido, “lo socialista” debería proscribir todo prejuicio acerca de la obviedad, la pertinencia, la magnitud y el aporte de las empresas privadas.

Ninguna realidad establecida en la historia y en la cultura, legitimada de diferentes modos y con aportes beneficiosos probados, debería ser ajena a cualquier modelo sociopolítico (por imperfectas que sean). La distinción entre un modelo sociopolítico y otros, debería radicar: -en los objetivos y -en los valores sobre los que estos se sostengan, -en la capacidad de integrar “todas las realidades” a dichos propósitos y –en la virtud de entronizar esos valores, sobre todo, a partir de las actitudes de quienes los propongan como pilares de una humanidad mejor. Cualquier modelo sociopolítico que, para ser tal y sostenerse, considere que debe excluir realidades establecidas, legitimadas y probadas, se aminorará y se agotará (por amado que pueda ser, incluso por parte de la mayoría). En tanto, deberíamos empeñarnos en diseñar un entramado empresarial público eficiente (que no lo ha sido -con independencia de los castigos que impone el embargo) y colocar a las empresas privadas (que han ido probando su eficacia) en senderos que aporten al bienestar general.

Sin embargo, esto transferiría capital económico y político a los individuos, lo cual les otorgaría cada vez mayor autonomía y poder. En este caso, quienes dirigen y controlan al gobierno y al Estado, dejarían de tener el monopolio total del poder y el predominio definitivo sobre la autonomía de los individuos. Me inclino a pensar que ello puede resultar la causa fundamental de tanta resistencia frente a la necesaria libertad económica. 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s