También sería necesario exponer la voluntad de dialogar con el aparato de poder

Por Roberto Veiga González

A partir de tópicos medulares acerca de la reconciliación entre cubanos o la disposición positiva para la convivencia, opina Raudiel Peña Barrios, jurista y profesor

Algún tipo de senda reconciliadora entre cubanos sería posible únicamente a partir de la admisión de la necesidad de una negociación política para superar las contradicciones por parte de ideas y prácticas de grupos que posean notabilidad social e importancia en los contextos políticos nacional e internacional. ¿Es factible identificar esa pluralidad de proyecciones en la realidad cubana actual? ¿Existiría en ellas dicha voluntad de negociación?

Con respecto a la primera pregunta creo que sí es posible identificar esa pluralidad de proyecciones, pero un problema sería la imposibilidad de discernir los matices que las diferencian entre sí. Creo que a veces es muy difícil conocer dónde comienzan las ideas o propuestas de cada uno de estos grupos. Eso es una deuda pendiente en este sentido, porque supone la imposibilidad de saber cuáles son las alternativas de que se disponen. Otro problema está en la calidad y profundidad de los programas de esos grupos, y hasta qué punto pueden ser factibles en nuestra realidad. Para saber si existe o no voluntad de negociación entre ellas es necesario, primero, que expresen esa voluntad, lo cual no estoy seguro que todas hayan hecho, y segundo, habría que analizar también qué argumentos o ideas serían colocados en el centro de esa negociación.

¿Cómo caracterizaría usted esta voluntad de negociación?

Creo que un rasgo que la caracteriza es su dispersión. Es decir, hay quienes no están dispuestos a negociar, y no lo digo solo por el gobierno cubano. Eso hace que sea complicado, hasta cierto punto, precisar la existencia de esa voluntad, o qué grupos o persona la tienen o no. Otra característica sería la poca formulación de propuestas concretas diferentes a las del poder, es decir, la presentación de una agenda propia, abarcadora, profunda, que no se limite solamente a señalar los problemas sociopolíticos o socioeconómicos imperantes en Cuba, sino que también se centre en la presentación de alternativas reales, bien fundamentadas, genuinas, enfocadas en el bienestar social.

La debilidad de proyecciones sólidas que sean alternativas o complementarias al PCC resulta un déficit actual de la nación. Pero esa opacidad quizá atraviesa también a las bases militantes o cercanas al propio PCC. ¿Cuánta debilidad podría imponer ello a esta agrupación ideológica que detenta todo el poder en Cuba?

En este aspecto creo que un primer problema al que nos enfrentamos es justamente la opacidad con la que se produce el funcionamiento interno del PCC. De ahí que sea muy complicado saber cómo son las relaciones entre los principales dirigentes del PCC y sus militantes, agrupados en las organizaciones de base. Si existieran discrepancias entre unos y otros, pienso que esta situación sí generaría una situación de franca debilidad política e ideológica dentro del PCC. Se trataría de un escenario que implicaría la desconexión de las bases partidistas con los órganos y principales dirigentes partidistas, lo cual podría provocar la imposibilidad de estos para movilizar a aquellas. Sería una situación que afectaría la legitimidad del PCC a lo interno.

En todo caso cualquier reconciliación implicaría, casi previamente, un blindaje del ejercicio de la diversidad política y social, y un límite al absolutismo del PCC. ¿Cuáles espacios y garantías podrían facilitarlo?

Creo que lo primero es dejar claro que el escenario que se menciona la pregunta lleva implícito la creación de esos espacios y garantías. Es decir, no estan creados estos a día de hoy para llevar a vías de hecho un proceso así, por lo que hay que construirlos. Sin presentar una lista exhaustiva de espacios y garantías en la materia, creo que sin lugar a dudas es crucial la ampliación del derecho de asociación. Un contexto como el que deja entrever la pregunta requiere de una legislación en la materia, que permita la existencia de organizaciones que agrupen a sectores de la sociedad civil que por diversos motivos no se identifican con las organizaciones existentes hoy. Esto per se sería un paso adelante muy importante, porque rompe con la lógica de la unidireccionalidad en el ejercicio de los derechos fundamentales en Cuba. Otro aspecto importante sería la creación de espacios de debate abiertos, plurales, en los que todas las organizaciones pudieran confluir en condiciones de igualdad y plantear sus argumentos, en un marco de confianza mutuo y transparente. Este espacio, al cual no pretende definir con un nombre, tiene que contar, además, con un mecanismo de seguimiento que permita verificar el cumplimiento e implementación de los acuerdos adoptados en su seno.

Algunos consideran que la actual Constitución de la República podría asegurar este proceso y, en tanto su vigencia legal y la presente carencia de proyecciones sólidas con legitimidad nacional e internacional, está podría ser el instrumento común, el eje, el marco de tal acontecer. Otros alegan que no debería ser de este modo porque ella carece de elementos esenciales para garantizar lo plural y ciertas libertades imprescindibles, pues no fue diseñada desde la diversidad, lo cual además limita su legitimidad, y abogan por una restitución transitoria de la Constitución de 1940, a partir de varios criterios, entre ellos: dado que fue ejemplo de diálogo nacional, representativo y genuinamente plural. Y no faltan quienes abogan por una pronta nueva Carta Magna, a través de un proceso constituyente plural, y para ello apelan a la “ilegitimidad” de la actual Ley de leyes y a la “caducidad” de la llamada Constitución del 40. ¿Cuál es su opinión al respecto?

La primera palabra que me viene a la mente cuando leo las hipótesis de la pregunta es depende. Si estamos hablando de contar con un marco constitucional que pueda servir para dar cabida a esa pluralidad de ideas y proyecciones, para que quienes las proyectan cuenten con espacios para darlas a conocer y que además estas tengan un impacto en el proceso de toma de decisiones, pero sabiendo de antemano que no es posible la existencia de varios partidos políticos, entonces diría que la actual Constitución puede ser ese instrumento común o el marco de ese proceso. Lo que estoy diciendo es que la Constitución de 2019 podría ser útil para este proceso sí el carácter dirigente del PCC no fuera tocado, porque nada impide que el resto de los contenidos constitucionales puedan ser interpretados de manera tal, y claro desde el poder, para permitir ese proceso de diálogo o negociación.

Ahora bien, si como parte de este proceso se pretende el reconocimiento jurídico, formal, del pluripartidismo con todo lo que eso lleva implícito, entonces la actual carta magna no puede ser el marco. Afirmo esto basado en el artículo 5 constitucional que define al PCC, entre otros calificativos como único. De tal manera, adquiere rango constitucional algo que había sido reconocido en un acuerdo del Buró Político del PCC a inicios de los años noventa, tal cual es asumir al pluripartidismo como un dogma contrarrevolucionario.

De cualquier manera, y aun reconociendo que fue fruto de un amplio proceso de diálogo nacional, no creo que la alternativa fuera la adopción del texto constitucional de 1940. No dudo tampoco de su calidad técnico-jurídica, pero creo que sería más realista adoptar una nueva Constitución bajo la lógica que advierte al final de la pregunta. Aclaro que no lo digo por la supuesta ilegitimidad de la Constitución de 2019. Los resultados del referendo constitucional no permiten, a mi juicio, hablar en esos términos. Lo que creo es que en un escenario como el que se plantea en varias preguntas (de diálogo y negociación entre posturas políticas opuestas) lo más lógico sería crear una nueva constitución entre los defensores de esas posturas. Es decir, la legitimidad de la nueva ley fundamental no recaería en el mecanismo de adopción, sino en su elaboración.

¿Cómo propiciar un proceso de tal índole en un sistema político regido por un partido único, no dialogante, empeñado en no reconocer interlocutor alguno, con instrumentos que le facilitan esta especie de predominio?

Es una pregunta muy complicada porque un proceso de diálogo y/o negociación necesita voluntades divergentes entre sí. Y el sistema político cubano no está ahora mismo regido desde una lógica que identifique como interlocutores válidos, a quienes pueden identificarse con esas voluntades. Tampoco la realidad ha demostrado que las organizaciones de la sociedad civil legitimadas por el aparato de poder sean espacios suficientes o eficaces, para canalizar todas esas aspiraciones o ideas contrarias a las del Estado. Entonces el cómo hacerlo se convierte en el meollo del asunto. El punto de partida de ese proceso debería ser, desde mi perspectiva, la articulación y presentación de propuestas alternativas a las del poder, pero desde una visión constructiva sobre el futuro de Cuba, con un enfoque centrado más en la solución de los problemas que en el constante señalamiento de los mismos. Estas alternativas ganarían mucho prestigio y legitimidad a nivel social si fueran presentadas no como verdades absolutas, sino solo como otras formas o vías para solventar las dificultades del país, desde las más cotidianas hasta las más estructurales. Creo que sería necesario también exponer la voluntad de dialogar con el aparato de poder.

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